Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo/ZonaFranca).– Una serie de actuaciones, de parte de funcionarios públicos de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato y también de otras dependencias como la Secretaría de Seguridad, dejan ver la existencia de una acción concertada que tuvo como finalidad sabotear el caso de Lucero Salcedo en el terreno jurídico y también en el ámbito mediático.
El ejemplo más flagrante del hostigamiento hacia Lucero Salcedo de parte de la institución que debía haber representado sus derechos como ofendida y víctima, es la asistencia sicológica que recibió de una agente del Ministerio Público, cuyas anotaciones fueron incorporadas a la carpeta de la investigación lo que permitió que fuesen utilizadas por la defensa del agresor en la primera audiencia del caso.
Otra parte de esta actuación del Estado en contra de una particular y además víctima de un delito, deriva de la operación de funcionarios de prensa de por lo menos dos dependencias, la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública, para desactivar la atención de los medios hacia el caso.
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El Gobernador Miguel Márquez y el procurador de Justicia Carlos Zamarripa han reiterado en diversas oportunidades que el ministerio público “hizo lo que le correspondía”, en el caso de violencia de género que tiene como víctima a la joven de 18 años Lucero Salcedo Palacios, cuyos pormenores han levantado una indignación que rebasa las fronteras del país.
Sin embargo, cuando el caso comenzó a ganar notoriedad en los medios locales, desde la procuraduría de Justicia se hicieron llamadas y visitas a directivos de medios de comunicación para hacerles ver que los hechos no eran como se estaban narrando en prensa. Se insinuaba que había datos que iban a “perjudicar a Lucero y a su familia”.
Esa actuación no parece ser algo “que le correspondía” a la autoridad. Máxime porque los datos “perjudiciales” para la víctima provenían de expedientes a los que no debieron tener acceso los funcionarios de otras áreas que no fueran las del Ministerio Público.
AGENTE DEL MP INTIMIDA A LUCERO
La propia Lucero Salcedo Palacios fue víctima de estos intentos por sacar el tema del foco de atención pública que estaba obteniendo. La agente del Ministerio Público Blanca Raquel Ramírez Tapia, de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, la citó antes de la primera audiencia para advertirle que si decidía seguir con la acusación se vería expuesta su intimidad. Familiares de la joven señalan que el tono de la funcionaria judicial fue absolutamente intimidatorio.
Todas las predicciones tanto de la agente del M. P. como de los comunicadores oficiales, se vieron cabalmente cumplidas en boca del abogado defensor de Miguel Ángel Jasso, el agresor de Lucero, cuando en la primera audiencia del proceso echó mano de la información contenida en la carpeta elaborada por la procuraduría para fincar una defensa en base a lo que quiso presentar como “actitudes inmorales” de la víctima.
Datos como el inicio de la vida sexual de Lucero y la ropa interior que llevaba el día de los hechos, le fueron preguntados en el transcurso de la asistencia sicológica, que contempla la ley de Atención a Víctimas, la cual le fue practicada por una funcionaria de nombre Luz Adriana Sánchez Rodríguez, quien se presentó como sicóloga.
Consultado su nombre en la base de datos del directorio de la Procuraduría de Justicia, Sánchez Rodríguez aparece como agente del ministerio público especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Se desconoce si tiene alguno tipo de capacitación como sicóloga clínica.
Lucero asegura que nunca esperó que los datos que le dio en confianza a quien creía que era una sicóloga, aparecieran después en manos de la defensa de su agresor y menos para ser utilizados en su contra.
Por otra parte, la afectada nunca pudo solicitar que la audiencia fuese privada. La agente del M. P. que la acompañaba le aseveró: “va a tener que ser pública por todo lo que has manejado en los medios”.
De la carpeta desapareció la acusación de tentativa de homicidio, sin que Lucero Salcedo fuese informada, sino hasta el día de la audiencia pública. Al preguntar porqué a la agente que la acompañaba, esta le respondió que eso lo agregarían después.
Al respecto, el propio procurador, Carlos Zamarripa, ha dicho que las lesiones sufridas por Lucero “no eran suficientes para calificar la tentativa de homicidio”, sin embargo, de eso se enteró ella al leerlo en la prensa y no por quien la representa en el juicio.
OPERACIÓN MORDAZA
Lo más extraño del caso es que los intentos de minimizar la atención de los medios en el proceso no se limitaron a la PGJE. Una de las funcionarias que realizó cabildeos de forma personal, sin tener injerencia oficial, fue la directora de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública, Alicia Arias, quien se entrevistó con un directivo de un medio local para tratar de matizar la publicidad del tema.
La reunión ocurrió el pasado viernes 27 de septiembre en las oficinas del medio cuyo nombre nos reservamos. Arias, quien fue vocera del Instituto de la Mujer de Guanajuato en el gobierno de Vicente Fox, ya tiene antecedentes en este tipo de cabildeos en relación a escándalos mediáticos sobre el tema del género.
Así ocurrió en el gobierno de Juan Manuel Oliva cuando trató de minimizar el impacto de las denuncias periodísticas por las mujeres encarceladas por abortar, donde se trató de justificar cada una de las sentencias por homicidio en relación de parentesco, lo que finalmente fracasó ante la presión mediática y social que consiguió la liberación de las mujeres sentenciadas con una medida administrativa.
Esta vez, ninguno de los intentos de minimizar la información en los medios dio resultado, aunque llama la atención que dependencia del estado, que deberían tutelar los derechos de Lucero Salcedo como víctima, haya destinado recursos y tiempo de funcionarios para vulnerar su decisión de ejercitar la libertad de expresión para exponer su caso.
Finalmente, por si algo faltara y como síntoma del clima que priva en las áreas de la Procuraduría de Justicia sobre este tema, una abogada directamente adscrita al despacho del procurador Carlos Zamarripa, en el área de normatividad y proyectos, Alma Yadira Delgadillo Rangel, posteó en Facebook el pasado 3 de octubre, a través de su celular, un comentario en tono de burla hacia Lucero Salcedo:
“Tentativa de homicidio, tentativa de violación, secuestro?? Haber (sic) qué más se le ocurre…”
CRÍTICAS AL MP
La actuación de la Procuraduría de Justicia, a través de su área especializada de Delitos sexuales y Violencia Intrafamiliar, ha recibido serios cuestionamientos, como el de la diputada Erika Arroyo Bello, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, en la tribuna del Congreso, ese mismo jueves 3 de octubre:
“Señor procurador hablo de las instituciones a su cargo que se dieron a la tarea de integrar un expediente incompleto y absurdamente invasivo a la intimidad de la ofendida. Hoy a las mujeres víctimas de agresión se les pregunta en los ministerios públicos a qué edad iniciaron su vida sexual, qué ropa interior usaban el día de la agresión…”
Así, mientras la ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato, contempla en su segundo capítulo y en la primera sección de su tercer capítulo, el apoyo y la asistencia sicológica a la víctima de un delito, en lo que hace hincapié en varios de sus artículos, en el caso de Lucero la única asistencia sicológica sirvió para extraerle datos que se convirtieron en argumentos de la defensa de su agresor.
Otra opinión vertida en estos días es la de la abogada Pilar Ortega, Senadora de la República, quien escribió en varios medios de comunicación sus apreciaciones sobre el juicio al agresor de Lucero Salcedo:
“El problema en los casos como el de Lucero Salcedo, para referirnos a lo que vemos en Guanajuato, obedece más que a un problema de aplicación de la norma que regula el sistema, a un problema de sensibilización y capacitación de los operadores del sistema en torno al enfoque de perspectiva de género en las labores de procuración e impartición de justicia.
(…)
“Lo que vemos en este caso, es una lamentable falta de conocimiento y sensibilidad acerca de los derechos humanos de las mujeres que todos los días en éste país y en nuestro Estado son violentadas. Por eso es necesario, yo diría urgente hacer cambios profundos en nuestras instituciones, para que la modernización de las mismas no se limite a grandes edificios, tecnología de punta, armas y vehículos o salas de oralidad bonitas.”
JUSTIFICACIONES DE MÁRQUEZ Y ZAMARRIPA
Las críticas, sin embargo, se han topado con una actitud de respaldo total a la Procuraduría de parte del Gobernador Miguel Márquez, quien por dos ocasiones, una de ellas en una entrevista a una televisora norteamericana, ha externado que “hicimos lo que nos correspondía”, refiriéndose a la actuación del ministerio público.
Por su parte, Carlos Zamarripa, el procurador de Justicia, ha justificado la decisión de presentar cargos solo por lesiones y abusos eróticos, por no configurarse otros delitos desde su óptica. Sin embargo, nada ha dicho de las carencias de la perspectiva de género en la actuación de sus subordinados, ni tampoco de los activos esfuerzos de funcionarios a su cargo, así como los de otras dependencias, por minimizar el caso y limitar su difusión pública.
Sobre la aparición de la vocera de la Secretaría de Seguridad en la operación mordaza contra Lucero, cabe recordar que los titulares de ambas dependencias, PGJE y SSP, presumen una coordinación como nunca antes ha existido e incluso tuiteande la mano sus capturas y éxitos en el combate al crimen organizado.
Todo indica, que Lucero Salcedo Palacios, una joven de 18 años víctima de un ataque físico contundente, pagó el precio de hacer público su reclamo, con actitudes intimidatorias de la representación social, con la operación de una burocracia poderosa en contra de su caso en el terreno público, con una carencia total de asistencia y protección como víctima y con el desdén de los máximos responsables de los Poderes Ejecutivo y Judicial por los síntomas que asoman en el caso y que evidencian la ausencia de protocolos y la contradicción entre la ley de protección a víctimas y la práctica de los funcionarios que la aplican.
